2010 : El Govern tendrá que pagar 3,6
millones por desclasificar el urbanizable de es Canons en Artà
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/el-govern-tendra-que-pagar-3-6-millones-por-desclasificar-el-urbanizable-de-es-canons-en-arta.html
El Tribunal Supremo dicta sentencia en favor de la
propiedad Cala Veya SL, que recibirá la millonaria indemnización
SENTENCIA COMPLETA DEL TS : http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/5753477/urbanismo/20101021
J. Socies 15/10/2010 . ULTIMA HORA
El Govern balear ha
sido condenado a indemnizar con 3.687.288,83 millones de euros, más los
intereses, a la entidad Cala Veya SL, propietaria de la finca de es Canons, en el municipio de Artà,
a raíz de la desclasificación del suelo urbanizable de las Normas Subsidiarias
del municipio en base a la normativa autonómica que recalificó los terrenos de
suelo urbanizable a suelo rústico protegido (ANEI).
El Tribunal Supremo dictó sentencia el
pasado 5 de octubre sobre el recurso de casación interpuesto tanto por el
Govern balear como por la entidad Cala Veya SL, titular de la finca. El fallo emitido
ahora por el Supremo, según señala el abogado de la propiedad de la finca,
Miquel Ripoll, «pone fin a todo un historial de reclamaciones y procesos
judiciales desencadenados con la desclasificación de este suelo urbanizable».
La finca de es Canons, ubicada al lado de la Colònia de Sant Pere y junto
a la urbanización de Betlem, tiene una extensión de más de un millón y medio de
metros cuadrados. Y fue en el 2005 cuando se dictó la primera sentencia por
parte del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, una resolución
que ya fue contraria al Ejecutivo balear.
Procedimiento
Asimismo, ya hubo un primer procedimiento en noviembre de 2007 del
Tribunal Supremo, confirmando una resolución del TSJIB que condenó al
Ajuntament d'Artà a devolver la propiedad de la finca de es Canons que tenía
cedida desde 1992 a la entidad Cala Veya SL, hecho que provocó la pérdida de la
propiedad pública de los terrenos que se había tenido hasta entonces.
Ahora con
esta sentencia también del Tribunal Supremo se cierra el círculo y confirma
esta indemnización millonaria para la propiedad. La desclasificación de es
Canons, realizada en el 2000 por el primer Pacte de Progrés, supuso la pérdida
de la propiedad pública de la finca donde está el antiguo cuartel militar,
espacio utilizado como casa de colonias por el Ajuntament y donde se celebra el pancaritat los días de Pascua.
Proyecto
Según señala la propiedad, «con la última ordenación urbanística de esta
zona de la costa de Artà antes de la desclasificación, el aprovechamiento
urbanístico de es Canons había quedado reducido a un máximo de 2.000 plazas hoteleras
a construir junto a la actual urbanización de Betlem, mientras que el resto del
sector, que también incluía al mencionado cuartel y las casas de la possessió, debía ser cedido de manera gratuita
por la propiedad al Ajuntament de Artà por su uso público».
Un hecho que la Ley 1/2000 del Govern balear aniquiló preservando así el
entorno natural y paisajístico de aquella zona virgen del municipio de Artà.
Ahora, una vez se ha dictado esta última sentencia, han pasado veintiún años
desde el inicio de todo el proceso. Asimismo en la actualidad el pueblo de Artà
sigue disfrutando de la zona de recreo, todo y ser conscientes que pertenece a
Cala Veya SL.
2011 : Artà insta al Gobierno central a
comprar es Canons para ampliar el parque natural de Llevant
G.
Mas / A. Bassa 02/10/2011.ULTIMA HORA
El pleno del Ajuntament d'Artà ha aprobado instar
al Gobierno del Estado,
a través del departamento que considere más oportuno o, en último extremo, el Govern balear, la compra de la finca
d'es Canons. Esta moción contó con los votos a favor del equipo de gobierno
Independents-IniciativaVerds-CxI y del PSOE en la oposición. El PP votó en
contra argumentando la conveniencia de invertir en actividades que generen
puestos de trabajo.
Además, se pide que es Canons se incorporen en el
Parque Natural de Llevant,
además de la cesión de las casas del cuartel de Betlem al Consistorio como ya
ocurre con la propiedad actual. Este acuerdo se remitirá a la presidencias del
Congreso de los Diputados, del Parlament de les Illes Balears, del Gobierno
español y la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Indemnización
La
finca de es Canons, situada entre la urbanización de Sant Pere y Ca los Camps y
limítrofe con el Parque Natural, cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo,
de 5 de octubre de 2010, que condena al Govern a indemnizar la entidad de
3.867.288 euros más los intereses por la desclasificación de suelo urbanizable
y la reconversión en área protegida (ANEI) en 2000. Una indemnización que el
anterior Ejecutivo autonómico se comprometió a abonar hace siete meses.
Con
el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en el año 1995, la
propiedad de la finca, Cala Vella SA, hizo una cesión de los terrenos que
corresponden a la parte entre la carretera y la cima de la montaña. La Ley de
espacios naturales, con una modificación del año 2000, protegió íntegramente
esta zona.
Tras
la desclasificación motivada por el interés natural y paisajístico de esta zona
de Artà, la propiedad denunció en 2004 el convenio firmado con el Ayuntamiento
y el Consistorio tuvo que devolver los terrenos cedidos. De todos modos, los
propietarios, y pendiente de la resolución judicial sobre la desclasificación
que había interpuesto, continuó cediendo el uso de las casas del cuartel al
Ajuntament.
Acceso
natural
Así, se considera que es de interés
poder mantener el uso de dichas instalaciones ya que la finca sería el lugar de
acceso natural al parque desde el litoral de la Colònia de Sant Pere, con los
caminos que comunican con la Alquería Vella, donde está ubicado el centro de
interpretación.
2011 : La propiedad de es Canons insta al
TSJB a exigir al Govern el pago de 4,8 millones
Cala Veya SL pide la ejecución forzosa de la sentencia
del Supremo y que se impongan multas al conseller de Medi Ambient
Assumpta Bassa 16/03/2011 ULTIMA HORA
La propiedad de la
finca de es Canons en el municipio de Artà, Cala Veya SL, pedirá hoy al
Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la ejecución forzosa de la
sentencia del Tribunal Supremo del 5 de octubre de 2010 que condena al Govern a
indemnizar a la entidad con 3.867.288 euros más los intereses legales de demora
(979.377 euros), por la desclasificación de suelo urbanizable y la reconversión en área
protegida (ANEI) en el 2000. La cantidad a pagar ascendería aproximadamente a
4,8 millones de euros.
Además pedirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo que imponga
multas coercitivas al conseller de Medi Ambient actual, Gabriel Vicens, tal y
como lo ha hecho con el alcalde de Mancar por el tema del puente del Riuet de
Porto Cristo.
Así lo explicó el abogado de la entidad Cala Veya S.L, Miquel Ripoll, que
añadió que «también pediremos al Tribunal que, si lo estima oportuno, analice
si se pueden derivar responsabilidades penales por el hecho que la pasividad
del conseller de Medi Ambient pudiera ser constitutiva de un delito de
desobediencia a la autoridad».
El pasado día 10 de diciembre la Secretaria General Técnica de la
Conselleria de Medi Ambient comunicaba al TSJB que el encargado de cumplir la
sentencia era el conseller de Medi Ambient i Mobilitat y que desde entonces
tenía un plazo legal de tres meses. El 10 de marzo expiró el plazo. La
titularidad de es Canons ha mostrado su indignación ante «la pasividad» de la
Conselleria de Medi Ambient.
Así ha pedido al Govern con fecha de 14 enero y 4 de marzo el cumplimiento
de la sentencia, sin resultados. Ripoll recuerda que están amparados por la
ley. «El artículo 106 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa marca que en estos casos si es necesario hacer una modificación
presupuestaria, la Administración la debe hacer dentro de los tres meses
siguientes a la notificación oficial de la sentencia condenatoria».
Indemnización
Según la propiedad de la finca, «los perjuicios que provoca la falta de
pago de la indemnización, son muy importantes puesto que coloca a la entidad a
las puertas de un concurso de acreedores con los efectos negativos que supone
no sólo para Cala Veya sino para las empresas, profesionales y proveedores
suyos. No se pueden pedir más sacrificios de los que ya hemos hecho».
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